Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 44, de 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que mantiene la medida disciplinaria de destitución aplicada a una funcionaria, según resolución exenta N° 1.663, de 2016, del mismo ministerio. La funcionaria reclamó la supuesta falta de imparcialidad de la fiscal instructora, la falta de resolución de su recurso de apelación y la ausencia de notificación del ingreso del decreto a toma de razón. El órgano contralor desestimó sus alegaciones: estimó que en el procedimiento se cumplieron los trámites esenciales, permitiéndole ejercer su defensa, presentar descargos, rendir pruebas e impugnar la sanción; informó que la apelación fue rechazada por la Presidenta de la República; y concluyó que la notificación del ingreso a toma de razón no está contemplada en la normativa aplicable. Además, ordenó al ministerio comunicar la fecha de notificación del acto a la afectada para computar el impedimento de ingreso a la Administración del Estado previsto en el artículo 12, letra e), de la ley N° 18.834.