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La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presenta…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presentada por una funcionaria municipal en contra del oficio de la Contraloría Regional del Bío-Bío que desestimó su reclamación respecto del sumario administrativo que culminó con su destitución. El organismo señaló que no constituye una instancia procesal para dejar sin efecto actos administrativos basados en situaciones ya investigadas, y que del análisis de los antecedentes se acreditó la responsabilidad de la funcionaria, respetándose su derecho a defensa y el justo y racional procedimiento. Asimismo, indicó que las alegaciones eran las mismas ya planteadas, sin nuevos argumentos, y rechazó la solicitud de que la propia Contraloría realizara la indagatoria, al no apreciarse vicios en el sumario.

Normas citadas

  • ley 18883 art/61 lt/a
  • ley 18883 art/123 inc/2
  • ley 18695 art/29 lt/a
  • ley 18695 art/29 lt/c
  • ley 19886 art/8
  • dto 250/2004 HACIE art/49
  • ley 18883 art/156
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría reconsiderar la destitución de un funcionario municipal si este presenta los mismos argumentos ya rechazados?

En este caso, la Contraloría General rechazó la reconsideración porque las alegaciones eran las mismas ya planteadas, sin nuevos argumentos, y porque no es una instancia para dejar sin efecto actos basados en situaciones ya investigadas.

¿Se puede pedir a la Contraloría que realice directamente una investigación sumaria cuando se cuestiona un sumario administrativo municipal?

En este caso, la Contraloría rechazó que ella misma realizara la indagatoria, por no apreciar vicios en el sumario administrativo que culminó con la destitución.

¿Cómo se acredita la responsabilidad en un sumario administrativo que termina en destitución de un funcionario municipal?

En este caso, el organismo sostuvo que del análisis de los antecedentes se acreditó la responsabilidad de la funcionaria, respetándose su derecho a defensa y el justo y racional procedimiento.

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