El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativo al artículo 318 del Código Penal, en el contexto de la pandemia, y el caso se originó en una causa penal seguida ante el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz. La decisión sostuvo que la existencia de gestión pendiente es un presupuesto procesal indispensable, conforme al artículo 93 de la Constitución y al artículo 84 de su ley orgánica. Como la causa penal terminó por sobreseimiento definitivo, la gestión pendiente se extinguió y el requerimiento fue declarado improcedente. El fallo agregó, como razonamiento accesorio, que el artículo 318 debe interpretarse en conjunto con el Código Sanitario y otras normas sobre catástrofes sanitarias. Además, no se condenó en costas a la parte requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.
Normas citadas
artículo 318, de Código Penal
artículo 65, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 69, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesIgualdad Ante La LeyPrincipio De Tipicidad
Preguntas frecuentes
¿Procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad si la causa penal en que se invoca ya terminó por sobreseimiento definitivo?
No. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la gestión pendiente es un presupuesto indispensable y que, al terminar la causa penal por sobreseimiento definitivo, esa gestión se extinguió, por lo que el requerimiento fue declarado improcedente.
¿Cómo se debe interpretar el artículo 318 del Código Penal en relación con las normas sanitarias sobre catástrofes?
En este caso, el fallo sostuvo, como razonamiento accesorio, que el artículo 318 del Código Penal debe interpretarse en conjunto con el Código Sanitario y otras normas sobre catástrofes sanitarias, sin que ello fuera el fundamento de la decisión de improcedencia.
¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que resulta improcedente?
No necesariamente. En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la parte requirente, por haber tenido motivo plausible para litigar.
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