El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor T., que había denegado el acceso a documentación sobre la última inspección realizada a los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC) acreditados ante el ministerio. La información solicitada comprende los informes de resultados de la inspección, el informe final de los consultores contratados y los oficios enviados a las PSC con los resultados y medidas a adoptar. El Consejo estimó que los documentos obran en poder del órgano en el ejercicio de sus facultades de fiscalización y que su publicidad permite un control social sobre el cumplimiento de la normativa de firma electrónica avanzada y de los requisitos de acreditación. Desestimó la alegación de deber de confidencialidad, por considerar que la norma invocada es un deber funcionario y no una causal de reserva, y no se acreditó afectación a las funciones del órgano ni a derechos de terceros. Se ordenó la entrega de la información, con tarjado de los datos que correspondan conforme al principio de divisibilidad, bajo apercibimiento de sanciones previstas en la Ley de Transparencia.
Normas citadas
Ley 19.799
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Artículo 20 de la ley 19.799
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Decreto Supremo N° 181
Oficio N° 202503928
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Los informes de inspección a prestadores de servicios de certificación de firma electrónica son públicos en Chile?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar los informes de la última inspección a los prestadores acreditados, porque obran en poder del órgano en el ejercicio de sus facultades de fiscalización y su publicidad permite un control social. Los datos que correspondan se tarjan conforme al principio de divisibilidad.
¿Puede un órgano público negarse a entregar información invocando el deber de confidencialidad de los funcionarios?
En este caso, el Consejo desestimó la alegación de deber de confidencialidad porque consideró que la norma invocada es un deber funcionario y no una causal de reserva. Tampoco se acreditó afectación a las funciones del órgano ni a derechos de terceros.
¿Qué pasa si un órgano deniega el acceso a información pública sobre fiscalizaciones y la persona reclama?
En este caso, el Consejo acogió el amparo contra la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor T., que había denegado el acceso, y ordenó la entrega de la información. La resolución advierte que, si no se cumple, se aplican las sanciones previstas en la Ley de Transparencia.
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