Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud del Instituto Nacional de Estadísticas, que pedía reconsiderar una medida disciplinaria de multa equivalente al diez por ciento de la remuneración mensual impuesta a un funcionario en un sumario administrativo. Como el afectado había pasado a desempeñarse en el Fondo Nacional de Salud sin interrupción de su condición de empleado público, la Contraloría resolvió que corresponde a esta última institución, donde actualmente presta servicios, hacer efectiva la sanción, mediante resolución sujeta a toma de razón. Fundó su decisión en que sus dictámenes son obligatorios para los órganos de la Administración del Estado sometidos a su fiscalización, conforme a los artículos 9° y 19 de la ley N° 10.336, y en que el servicio donde ocurrió la falta no puede modificar lo resuelto.