La Contraloría General de la República dictaminó que procede que un organismo público o…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que procede que un organismo público otorgue defensa jurídica a un funcionario cuando existan antecedentes que permitan presumir que su actuar se ajustó al marco legal y se enmarcó en el ejercicio de sus atribuciones, sin necesidad de una investigación previa. En el caso, un funcionario de la Dirección del Trabajo fue querellado penalmente por actuaciones realizadas como fiscal instructor de un procedimiento disciplinario, y el órgano de control, tras revisar la legalidad de ese procedimiento y no advertir irregularidades, concluyó que la decisión de otorgarle defensa en juicio y asumir sus costos se ajusta a derecho, por lo que desestimó la alegación en contrario del querellante.
Normas citadas
ley 18834 art/90 inc/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede que un organismo público otorgue defensa jurídica a un funcionario querellado penalmente por actuaciones realizadas en su cargo?
Según este dictamen de la Contraloría General de la República, sí procede cuando existan antecedentes que permitan presumir que el actuar del funcionario se ajustó al marco legal y se enmarcó en sus atribuciones, sin necesidad de una investigación previa.
¿Puede la Contraloría revisar si la defensa a un funcionario querellado por su labor como fiscal instructor de un sumario fue correctamente otorgada?
En este caso, la Contraloría revisó la legalidad del procedimiento disciplinario en que actuó el funcionario de la Dirección del Trabajo, no advirtió irregularidades y concluyó que otorgarle defensa en juicio y asumir sus costos se ajusta a derecho.
¿Qué ocurre si el querellante alega que el funcionario no debía recibir defensa del organismo público?
En este caso, la Contraloría desestimó la alegación del querellante, porque la actuación del funcionario como fiscal instructor no presentó irregularidades que justificaran negarle la defensa jurídica institucional.
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