La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho a defensa judicial…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho a defensa judicial de un funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero, afectado por hechos ocurridos en el desempeño de sus funciones, en conformidad con el artículo 90 de la ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo). El organismo concluyó que esa norma impone a la autoridad la obligación de asumir la defensa del afectado, lo que implica ejercer todas las acciones jurisdiccionales tendientes a hacer efectiva la eventual responsabilidad criminal de los involucrados, y que esa obligación no se cumple con la sola denuncia a la autoridad competente, cuya función es únicamente determinar quién debe formularla. Constató además que la Fiscalía del Ministerio Público de Temuco investigó un delito de robo con violencia y luego decidió no perseverar por falta de antecedentes suficientes. En consecuencia, reconsideró lo señalado en un oficio previo de la Contraloría Regional de La Araucanía y ordenó al Director del Servicio realizar las acciones que resulten útiles, según lo expuesto, para satisfacer los requerimientos del afectado.
Normas citadas
ley 18834 art/90 inc/1
ley 18834 art/90 inc/2
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Cumple la autoridad con el deber de defensa judicial del funcionario público si solo presenta una denuncia ante la autoridad competente?
No, según este dictamen de la Contraloría, el artículo 90 de la ley 18.834 obliga a la autoridad a ejercer todas las acciones jurisdiccionales para hacer efectiva la responsabilidad criminal, y la sola denuncia no basta, pues su función es únicamente determinar quién debe formularla.
¿Qué alcance tiene la obligación de defensa que impone el artículo 90 de la ley 18.834 a las autoridades de un servicio?
Según este dictamen, la obligación consiste en asumir la defensa del afectado mediante todas las acciones jurisdiccionales tendientes a hacer efectiva la eventual responsabilidad criminal de los involucrados, y no se agota en una denuncia.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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