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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del of…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del oficio N° 661, de 2016, de la Contraloría Regional de La Araucanía, presentada por un funcionario que denunciaba irregularidades en un sumario administrativo. El recurrente alegaba suspensión preventiva de funciones, bloqueo de su computador y correo institucional, violación del secreto del sumario y acoso laboral. La Contraloría concluyó que la suspensión se ajustaba a derecho, pues el artículo 136 de la ley N° 18.834 faculta al investigador para adoptar esa medida, y que el bloqueo ya había sido dejado sin efecto. Respecto a la presunta violación del secreto del sumario, no se acreditó la vulneración ni se aportaron antecedentes que la configuraran. En cuanto al acoso laboral, se instruyó a la autoridad competente para que, si correspondía, iniciara un procedimiento sumarial, pero no se comprobó la denuncia previa. Al no aportarse nuevos antecedentes, se rechazó la reconsideración y se complementó el oficio original.

Normas citadas

  • ley 18575 art/3
  • ley 18575 art/8
  • ley 19880 art/7
  • ley 18834 art/136
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede el investigador de un sumario administrativo suspender preventivamente de sus funciones a un funcionario público?

En este caso, la Contraloría sostuvo que sí, porque el artículo 136 de la ley N° 18.834 faculta al investigador para adoptar esa medida, por lo que la suspensión se ajustó a derecho.

¿Es procedente la reconsideración de un dictamen de la Contraloría si no se aportan nuevos antecedentes?

En este caso, la Contraloría rechazó la solicitud de reconsideración porque el recurrente no aportó nuevos antecedentes, y además complementó el oficio original.

¿Qué ocurre si un funcionario alega violación del secreto del sumario o acoso laboral sin acreditarlo?

En este caso, la Contraloría concluyó que no se acreditó la vulneración del secreto del sumario ni se comprobó la denuncia previa de acoso laboral, aunque instruyó a la autoridad competente para que, si correspondía, iniciara un procedimiento sumarial.

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