Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el solicitante de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado su reclamación contra la Dirección General de Aguas. La controversia se originó en la denegación de la solicitud por parte de la DGA, fundada en la declaración de una zona de restricción, y el recurrente alegaba aplicación retroactiva de dicha declaración y que la demora administrativa no le era imputable. El tribunal concluyó que el solicitante no tenía un derecho adquirido sino una mera expectativa, por lo que la autoridad debía resolver conforme a la normativa vigente, que prohíbe constituir derechos en las zonas restringidas. Asimismo, indicó que, al momento de resolver, no existía disponibilidad del recurso hídrico, y que la tardanza administrativa no vicia la legalidad de la denegación. En consecuencia, la Corte estimó que la DGA actuó ajustada a la legalidad conforme al Código de Aguas y a la ley 20.411.