Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la presentación de una funcionaria a contrata de un Centro de Salud Familiar, que reclamó por su desvinculación, por una situación de acoso laboral y por la presencia de una persona ajena al servicio realizando funciones en el establecimiento. El organismo concluyó que el término de la contrata se produjo por el cumplimiento del plazo fijado en ella, conforme al artículo 153 de la ley N° 18.834, sin que la autoridad deba expresar razones ni notificar la decisión, y no por un término anticipado. Respecto del acoso laboral, indicó que corresponde a la jefatura con potestad sancionatoria evaluar la instrucción de un sumario, y que no consta la denuncia ante el establecimiento. Sobre la persona ajena al servicio, verificó la efectividad de lo denunciado y ordenó a la autoridad adoptar medidas para que no se repita, sin perjuicio de posible responsabilidad administrativa.