El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra los artículos 248 letra c) y 259 inciso final del Código Procesal Penal, relativos al cierre de la investigación y al contenido de la acusación. Respecto del artículo 248 letra c) el requerimiento fue rechazado, pues la decisión de no perseverar ya había sido comunicada y no fue recurrida. En cuanto al artículo 259 inciso final, el Tribunal lo acogió por prevención, con fundamento en dotar de eficacia al derecho del querellante a fundar sus cargos en los hechos de su querella. Los ministros disidentes, en cambio, sostuvieron que la aplicación de ese precepto contraría los artículos 83 y 19 N° 3 de la Constitución, porque el derecho de la víctima a ejercer la acción penal incluye el acceso efectivo a la jurisdicción, lo que exige que la apertura y sustanciación del proceso sean exigibles.
Normas citadas
artículos 248, letra c); y 259, inciso final, del Código Procesal Penal
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede el querellante fundar su acusación en hechos distintos a los de su querella en el proceso penal chileno?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió por prevención el requerimiento respecto del artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal, con fundamento en dotar de eficacia al derecho del querellante a fundar sus cargos en los hechos de su querella.
¿Procede el requerimiento de inaplicabilidad contra la decisión del fiscal de no perseverar en el procedimiento penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento contra el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, pues la decisión de no perseverar ya había sido comunicada y no fue recurrida.
¿El derecho de la víctima a ejercer la acción penal incluye el acceso efectivo a la jurisdicción según la Constitución chilena?
En este caso, los ministros disidentes sostuvieron que la aplicación del artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal contraría los artículos 83 y 19 N° 3 de la Constitución, porque ese derecho incluye el acceso efectivo a la jurisdicción, lo que exige que la apertura y sustanciación del proceso sean exigibles.
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