El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en el marco de una gestión penal pendiente. La sentencia declaró que la norma impugnada, al excluir ciertos delitos de las penas sustitutivas, vulnera la igualdad ante la ley y la proporcionalidad, pues impone un trato desproporcionado e irracional sin considerar la gravedad del delito ni la finalidad de reinserción social. Se resolvió que el derecho a punir del Estado no es absoluto y que la privación de libertad debe ser excepcional. En la parte resolutiva, se acogió también la impugnación del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, declarándose su inaplicabilidad en el caso concreto, ordenándose al Ministerio Público dar cumplimiento a lo resuelto.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya ciertos delitos del beneficio de penas sustitutivas sin considerar la gravedad del caso?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró que la norma que excluye ciertos delitos de las penas sustitutivas vulnera la igualdad ante la ley y la proporcionalidad, porque impone un trato desproporcionado e irracional sin considerar la gravedad del delito ni la finalidad de reinserción social.
¿El derecho del Estado a castigar penalmente es absoluto o tiene límites constitucionales?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que el derecho a punir del Estado no es absoluto y que la privación de libertad debe ser excepcional, por lo que debe ajustarse a los límites que impone la Constitución.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable un artículo del Código Procesal Penal en una causa penal concreta?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió también la impugnación del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal y declaró su inaplicabilidad en la gestión concreta, ordenando al Ministerio Público dar cumplimiento a lo resuelto.
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