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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, en una gestión pendiente ante un juzgado de garantía. Se declaró que dicha norma, al permitir que el Ministerio Público decida no perseverar en el procedimiento, resulta contraria a la Constitución en el caso concreto. La sentencia sostiene que la decisión del órgano persecutor vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de igualdad ante la ley, pues impide al imputado obtener un pronunciamiento judicial definitivo sobre su situación. Se ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para cumplir el fallo, respetando su facultad exclusiva de dirigir la investigación. La decisión contó con una prevención y una disidencia.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 84, inciso primero
Tribunal ConstitucionalINAAcción Penal PúblicaDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerechos ImplicitosMinistrosPrincipio De Igual Repartición De Los Tributos Y Cargas Públicas

Preguntas frecuentes

¿Puede el Ministerio Público decidir no perseverar en el procedimiento penal si el imputado quiere un pronunciamiento judicial definitivo?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y declaró que la letra c) del artículo 248 del Código Procesal Penal resulta contraria a la Constitución en el caso concreto. Sostuvo que impedir al imputado obtener una resolución judicial definitiva vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo y la igualdad ante la ley.

¿Qué efecto tiene la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma procesal penal en una gestión pendiente?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la norma no puede aplicarse en la gestión pendiente ante el juzgado de garantía, por ser contraria a la Constitución en ese caso concreto. Además, ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para cumplir el fallo, respetando su facultad exclusiva de dirigir la investigación.

¿Puede un tribunal ordenar al Ministerio Público cómo dirigir una investigación penal?

En este caso, el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para cumplir el fallo, pero respetando su facultad exclusiva de dirigir la investigación. La decisión contó con una prevención y una disidencia.

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