Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye de las penas sustitutivas a ciertos delitos, entre ellos el porte ilegal de municiones. El requirente sostuvo que dicha exclusión era desproporcionada e incompatible con los principios de humanidad, proporcionalidad y reinserción social, derivados de la dignidad humana. La mayoría de los ministros sostuvo que el ius puniendi estatal no es absoluto, que la privación de libertad debe reservarse para conductas graves, y que la exclusión del beneficio, al no considerar la gravedad concreta del delito en comparación con otros ilícitos excluidos, resultaba irracional. Sin embargo, al haberse producido empate de votos, no se alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Constitución, por lo que el requerimiento fue rechazado. Se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas a la requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.