El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la víctima de un delito, que cuestionaba la aplicación de la letra c) del artículo 248 del Código Procesal Penal. La discusión se centró en si la facultad del Ministerio Público de no perseverar en un procedimiento desformalizado, decisión que la requirente sostenía de naturaleza administrativa y sin control jurisdiccional, vulneraba su derecho a ejercer la acción penal. El tribunal rechazó el requerimiento, manteniendo la atribución fiscal dentro de su autonomía constitucional. Una ministra disintió y un ministro previno que habría acogido parcialmente el requerimiento respecto de la frase "comunicar la decisión del ministerio público de", de modo que el juez de garantía pudiera evaluar la decisión de no perseverar.
Normas citadas
artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede la víctima de un delito impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión del fiscal de no perseverar en un procedimiento desformalizado?
En este caso, el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad de la víctima contra la letra c) del artículo 248 del Código Procesal Penal, pero lo rechazó. Sostuvo que la atribución del Ministerio Público de no perseverar se mantiene dentro de su autonomía constitucional.
¿El fiscal puede decidir no perseverar en un procedimiento desformalizado sin control del juez de garantía?
En este caso, la requirente sostenía que esa decisión era de naturaleza administrativa y sin control jurisdiccional, pero el Tribunal Constitucional la desestimó y mantuvo la atribución fiscal. Una ministra disintió y un ministro previno que habría acogido parcialmente el requerimiento para que el juez de garantía pudiera evaluar la decisión.
¿La facultad fiscal de no perseverar vulnera el derecho de la víctima a ejercer la acción penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la facultad del Ministerio Público no vulneraba el derecho de la víctima a ejercer la acción penal, por lo que rechazó el requerimiento. La decisión se fundó en mantener la atribución fiscal dentro de su autonomía constitucional.
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