El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una víctima de un delito, quien impugnaba normas del Código Procesal Penal que regulan el cierre de la investigación, el contenido de la acusación y la actuación del querellante. La requirente sostenía que dichas normas vulneraban su derecho a ejercer la acción penal al impedirle acusar particularmente por falta de congruencia con la formalización. El Tribunal concluyó que los preceptos impugnados no son inconstitucionales, pues el derecho de la víctima a ejercer la acción penal debe conciliarse con el principio de congruencia que protege el derecho de defensa del imputado. Además, señaló que la acción penal ejercida por la víctima se desarrolla dentro de un debido proceso judicial, bajo control del Estado, y no constituye una privatización de la acción penal.
Normas citadas
artículos 248 letra b); 259, inciso final; y 261 letra a), del Código Procesal Penal
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿La víctima de un delito puede acusar particularmente por hechos distintos a los formalizados en el proceso penal chileno?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que las normas del Código Procesal Penal que exigen congruencia con la formalización no son inconstitucionales. Entendió que el derecho de la víctima a ejercer la acción penal debe conciliarse con el derecho de defensa del imputado.
¿El ejercicio de la acción penal por la víctima en Chile significa privatizar la persecución penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la acción penal ejercida por la víctima se desarrolla dentro de un debido proceso judicial bajo control del Estado. Por lo tanto, no constituye una privatización de la acción penal.
¿Es inconstitucional limitar al querellante en su acusación por falta de congruencia con la formalización?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la tesis de inconstitucionalidad y declaró que los artículos 248 letra b), 259 inciso final y 261 letra a) del Código Procesal Penal no vulneran la Constitución. La decisión se fundó en la necesidad de proteger el principio de congruencia y el derecho de defensa del imputado.
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