El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, aplicado en una gestión judicial pendiente en la que el Ministerio Público comunicó al juez de garantía su decisión de no perseverar en el procedimiento. El Tribunal acogió la acción y declaró la inaplicabilidad de dicha norma en el caso concreto, recordando que las sentencias de este órgano obligan a todas las autoridades públicas a cumplirlas y hacerlas cumplir, en virtud del artículo 6° de la Constitución. En consecuencia, ordenó al órgano persecutor realizar las diligencias necesarias para dar cumplimiento al fallo, en el entendido de que le corresponde dirigir en forma exclusiva la investigación, conforme al artículo 83 constitucional. La sentencia fue redactada por la Ministra Brahm, con una disidencia del Ministro Pozo y una prevención del Ministro Letelier.
Normas citadas
artículo 469, inciso N/A, numeral 3, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 470, inciso N/A, numeral 1, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 27, inciso N/A, numeral N/A, letra a), párrafo N/A, frase "N/A", de Ley N° 19.913
Tribunal ConstitucionalINAAcción Penal PúblicaAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Defensa JuridicaDerecho A La DignidadDerechos Implicitos
Preguntas frecuentes
¿Qué efecto tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que acoge una inaplicabilidad para las autoridades públicas?
En este caso, el Tribunal recordó que sus sentencias obligan a todas las autoridades públicas a cumplirlas y hacerlas cumplir, en virtud del artículo 6° de la Constitución.
¿Qué debe hacer el Ministerio Público si el Tribunal Constitucional declara inaplicable una norma en una investigación penal?
En este caso, el Tribunal ordenó al órgano persecutor realizar las diligencias necesarias para cumplir el fallo, reconociendo que le corresponde dirigir en forma exclusiva la investigación, conforme al artículo 83 de la Constitución.
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