El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 318 del Código Penal, en un caso concreto. La mayoría resolvió que la norma vulnera el principio de legalidad penal (artículo 19 N° 3, inciso noveno de la Constitución), al tratarse de una ley penal en blanco que no describe con suficiente claridad la conducta sancionada, delegando su determinación a resoluciones administrativas de la autoridad sanitaria, lo que genera inseguridad jurídica y permite una aplicación arbitraria del derecho penal. Se argumentó que el precepto no delimita adecuadamente el contexto temporal y espacial, al referirse vagamente a 'tiempo de catástrofe, epidemia o contagio', y que otorga discrecionalidad excesiva al Ministerio Público y a los tribunales, contraviniendo la reserva de ley penal y el principio de mínima intervención. El fallo ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para cumplir la sentencia en la gestión pendiente.
Normas citadas
artículo 391, inciso N/A, numeral 2, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
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Preguntas frecuentes
¿El artículo 318 del Código Penal vulnera el principio de legalidad penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y resolvió que el artículo 318 vulnera el principio de legalidad penal, al ser una ley penal en blanco que no describe con suficiente claridad la conducta sancionada.
¿Es constitucional una ley penal en blanco que delega la determinación de la conducta a resoluciones administrativas?
En este caso, el Tribunal sostuvo que no lo es, porque la norma delega su contenido a resoluciones de la autoridad sanitaria, lo que genera inseguridad jurídica y permite una aplicación arbitraria del derecho penal.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma penal en una gestión pendiente?
En este caso, el Tribunal acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para cumplir la sentencia en la gestión pendiente.
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