Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si los funcionarios profesionales traspasados desde los servicios de salud a la Subsecretaría de Salud Pública, que continúan sujetos a las leyes N° 15.076 y 19.664, pueden percibir la asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria de la ley N° 20.865. El órgano concluyó que correspondía excluirlos del pago, porque al mantener sus regímenes estatutarios y remuneratorios no cumplen los requisitos de la disposición. Agregó que la historia de la ley N° 20.865 muestra que el legislador quiso dejarlos fuera del beneficio, con la expectativa de mejoras salariales en una futura iniciativa. Distinguió además el caso del dictamen N° 32.780, de 2012, que reconoció bonificaciones a personal traspasado, por tratarse de una situación regida por la ley N° 18.834 y no por otros cuerpos estatutarios.