Resumen
La Contraloría General de la República analizó si profesionales funcionarios traspasados a la Subsecretaría de Salud Pública tenían derecho a percibir las asignaciones de los artículos 4° y 5° de la ley N° 19.490. El organismo reconoció que, pese a no tener la calidad jurídica exigida por la norma, estos funcionarios tenían derecho a dichos emolumentos a partir de la emisión del dictamen N° 32.780, de 2012, que modificó la interpretación anterior. Lo resolvió así en aplicación del principio de seguridad jurídica, según el cual el cambio de criterio solo produce efectos hacia el futuro. Por ello, concluyó que las interesadas no tienen derecho a recibir las asignaciones por el período anterior a dicho dictamen.