Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionaria de un establecimiento de salud que, durante su embarazo, dejó de percibir las asignaciones de turno y de urgencia pese a mantenerse en sus funciones compatibles con su estado. El órgano contralor concluyó que dicha privación no se ajustó a la normativa vigente. Respecto de los montos adeudados, indicó que el derecho al cobro de estos estipendios prescribe en seis meses desde su exigibilidad, interrumpible por requerimiento administrativo, y que, al no constar reclamos anteriores al 27 de agosto de 2012, el servicio debe regularizar el pago considerando dicha prescripción. En cuanto al período posterior al embarazo, precisó que las normas de protección a la maternidad no garantizan la inviolabilidad del sistema remuneratorio, por lo que el pago depende del cumplimiento de los requisitos legales, lo que debe ser determinado por el organismo. Además, ordenó revisar una discordancia en el monto de la asignación familiar pagada desde septiembre de 2011.