El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un amparo de acceso a la…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un amparo de acceso a la información pública interpuesto por una persona en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación. La requirente solicitaba el estado de tramitación de una posesión efectiva, y el Consejo concluyó que esa consulta corresponde al derecho de petición y no al derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley de Transparencia. Por ello, el amparo fue desestimado por esta vía, dejando a salvo que la persona puede presentar una nueva solicitud de información conforme a la ley, o requerir la información por los canales del derecho de petición. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en un plazo de 15 días corridos desde su notificación, pero no el recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Consultar el estado de tramitación de una posesión efectiva es una solicitud de acceso a la información pública o un derecho de petición?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que consultar el estado de tramitación de una posesión efectiva corresponde al derecho de petición y no al derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley de Transparencia.
¿Qué pasa si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el amparo y lo desestimó por esta vía, dejando a salvo que la persona puede presentar una nueva solicitud de información conforme a la ley o requerir la información por el derecho de petición.
¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que desestima un amparo procede reposición o reclamo de ilegalidad?
En este caso, contra la decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en un plazo de 15 días corridos desde su notificación, pero no el recurso de reposición.
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