El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 38 de la Ley N° 18.287, que declara improcedente el recurso de casación en los juicios de Policía Local, y su eventual aplicación a una causa en tramitación. La mayoría sostuvo que esta exclusión no vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo ni el principio de igualdad ante la ley, pues el debido proceso se satisface con la apelación ante un tribunal superior, y la diferenciación de procedimientos responde a una opción legítima del legislador. Por ello, el Tribunal rechazó el requerimiento sin entrar al fondo de los cuestionamientos planteados. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación dirigida al artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley declare improcedente el recurso de casación en los juicios de Policía Local?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 38 de la Ley N° 18.287. Sostuvo que la exclusión no vulnera el debido proceso, porque este se satisface con la apelación ante un tribunal superior, ni la igualdad ante la ley, al tratarse de una opción legítima del legislador.
¿El debido proceso se cumple cuando no existe recurso de casación, si hay apelación ante un tribunal superior?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a un procedimiento racional y justo se satisface con la apelación ante un tribunal superior, aunque no proceda el recurso de casación en los juicios de Policía Local. Por ello no acogió el reclamo sobre el debido proceso.
¿Puede el legislador establecer procedimientos distintos para los juicios de Policía Local y así contrariar el principio de igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la diferenciación de procedimientos responde a una opción legítima del legislador y no vulnera la igualdad ante la ley. Rechazó el requerimiento sin entrar al fondo de los demás cuestionamientos planteados.
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