Resumen del criterio jurisprudencial
El 30 de septiembre de 2026 la Corte Suprema, a través de su Tercera Sala, resolvió un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones por la negativa a admitir a trámite una solicitud de residencia definitiva. La parte recurrente alegó que la resolución era ilegal y arbitraria, vulnerando garantías constitucionales. El tribunal analizó los requisitos establecidos en la Ley N°21.325 y su Reglamento, particularmente el tiempo mínimo de residencia temporal exigido para postular a la residencia definitiva. Se constató que la solicitante no cumplía con el plazo de veinticuatro meses ni con los períodos mayores previstos para casos de infracciones migratorias. En consecuencia, la Corte determinó que no existió acto ilegal por parte del Servicio y confirmó la sentencia apelada. Finalmente, se ordenó la notificación de la resolución y se autorizó el Ministro de Fe de la Corte Suprema.