Una persona extranjera interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional d…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
Una persona extranjera interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, luego de que este no acogiera a trámite su solicitud de residencia definitiva y remitiera los antecedentes al Departamento de residencias temporales. El organismo fundó la negativa en el incumplimiento del tiempo mínimo de residencia temporal exigido por la Ley N°21.325 y su reglamento para postular a la residencia definitiva. La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada y rechazó la acción: concluyó que el servicio no incurrió en ilegalidad, pues la admisibilidad de la solicitud requiere cumplir los requisitos normativos, en particular el tiempo mínimo de residencia temporal. Asimismo, destacó que los antecedentes fueron remitidos al departamento competente para otorgar un permiso temporal, lo que mantiene a la recurrente en situación regular. No se advirtió acto ilegal ni arbitrario que vulnerara las garantías constitucionales invocadas.
¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones rechazar a trámite una solicitud de residencia definitiva si no se cumple el tiempo mínimo de residencia temporal?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que el servicio no actuó ilegalmente al no acoger a trámite la solicitud, porque su admisibilidad exige cumplir los requisitos de la Ley N° 21.325, en particular el tiempo mínimo de residencia temporal.
¿Qué ocurre con una persona extranjera cuya solicitud de residencia definitiva no es admitida a trámite en Chile?
Según este fallo, los antecedentes se remitieron al departamento competente para otorgar un permiso temporal, lo que mantiene a la persona en situación regular. La Corte Suprema estimó que no hubo acto ilegal ni arbitrario.
¿Cuándo procede un recurso de protección contra una decisión migratoria que no admite a trámite una solicitud de residencia?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección, al no advertir un acto ilegal o arbitrario que vulnerara las garantías constitucionales invocadas.
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