Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad de la resolución N° 254, de 2014, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que aprobó las bases y anexos de una licitación pública para la introducción de un programa piloto de apoyo a Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL), llamó a concurso para la presentación de propuestas, designó la comisión evaluadora y nombró una contraparte técnica. El organismo fundamentó su decisión en que ese instrumento está exento del trámite de toma de razón, conforme a los numerales 9.5 y 9.2.2 del artículo 9° de la resolución N° 1.600, de 2008, de la propia Contraloría. Con todo, el documento fue remitido y quedan aplicables a su respecto las normas sobre controles de reemplazo del título VI de dicha resolución.