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La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de jurid…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad de la resolución N° 85, de 2015, de la Oficina Nacional de Emergencia, que autoriza la regularización del arriendo de cabinas de baños químicos mediante trato directo y aprueba el contrato respectivo. Lo anterior, por tratarse de una materia exenta del trámite de toma de razón, conforme a lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de la propia Contraloría. El documento fue remitido adjunto, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre controles de reemplazo establecidas en el Título VI de dicha resolución.

Normas citadas

  • res 1600/2008 contr tit/vi
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La Contraloría debe tomar razón de una resolución que aprueba un trato directo para regularizar el arriendo de baños químicos?

En este caso, la Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad de la resolución de la Oficina Nacional de Emergencia, por tratarse de una materia exenta del trámite de toma de razón según la resolución N° 1.600, de 2008. El documento fue remitido adjunto, sin perjuicio de los controles de reemplazo del Título VI de esa resolución.

¿Qué significa que un acto administrativo esté exento de toma de razón en la Contraloría?

En este caso, la Contraloría no revisó previamente la resolución de la Oficina Nacional de Emergencia, porque la materia está exenta de toma de razón conforme a la resolución N° 1.600, de 2008. Igualmente, el acto queda sujeto a los controles de reemplazo del Título VI de esa resolución.

¿Qué controles se aplican a los actos administrativos exentos de toma de razón por la Contraloría?

En este caso, el organismo señaló que la resolución exenta fue remitida adjunta y que se aplican las normas sobre controles de reemplazo establecidas en el Título VI de la resolución N° 1.600, de 2008. Así, la Contraloría dejó la revisión a esos mecanismos posteriores y no a un control previo.

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