Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad del decreto N° 1.406, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba un contrato mediante el cual se acuerda el pago de servicios prestados con anterioridad por una empresa y la prórroga del plazo de vigencia de una garantía. El órgano fundamentó la abstención en que las materias del decreto están exentas del trámite de toma de razón, conforme a la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría. Como consecuencia, remitió el decreto sin toma de razón, sin perjuicio de aplicar las normas sobre controles de reemplazo del Título VI de dicha resolución.