Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad respecto de un decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que modificaba la imputación presupuestaria de un decreto anterior, sin alterar el contrato aprobado. El órgano de control determinó que, por la materia tratada, el acto se encontraba exento del trámite de toma de razón, conforme a lo dispuesto en su resolución N° 1.600, de 2008, aplicando el criterio del dictamen N° 77.901, de 2014. En consecuencia, devolvió el documento adjunto sin efectuar dicho control, quedando sujeto únicamente a los controles de reemplazo establecidos en el Título VI de la citada resolución.