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La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control preventivo de j…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control preventivo de juridicidad de la resolución N° 88, de 2015, de la Oficina Nacional de Emergencia, que autorizaba regularizar el arriendo de bombas loderas mediante trato directo y aprobaba el respectivo contrato. El organismo fundó su decisión en que la materia está exenta del trámite de toma de razón según la resolución N° 1.600, de 2008, de la propia Contraloría. Por ello, el acto fue remitido sin toma de razón, quedando sujeto a los controles de reemplazo del Título VI de dicha resolución.

Normas citadas

  • RES 1600/2008 contr tit/VI
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Debe la Contraloría tomar razón de un decreto o resolución que autoriza un trato directo para arrendar bienes y aprueba el contrato respectivo?

En este caso, la Contraloría se abstuvo de ejercer el control preventivo de juridicidad sobre la resolución de la Oficina Nacional de Emergencia que autorizó el trato directo y aprobó el contrato, porque la materia está exenta de toma de razón según la resolución N° 1.600, de 2008. El acto fue remitido sin toma de razón y queda sujeto a los controles de reemplazo del Título VI de esa resolución.

¿Qué ocurre con un acto administrativo exento de toma de razón según la resolución N° 1.600 de la Contraloría?

Según este dictamen, un acto exento de toma de razón se remite sin ese trámite y queda sujeto a los controles de reemplazo previstos en el Título VI de la resolución N° 1.600, de 2008. Así lo resolvió la Contraloría en el caso de la Oficina Nacional de Emergencia sobre el arriendo de bombas loderas.

¿Puede la Oficina Nacional de Emergencia regularizar el arriendo de bombas loderas mediante trato directo?

En este caso, la Contraloría no se pronunció sobre el fondo de la regularización, sino que se abstuvo de controlar preventivamente la resolución que la autorizaba. El fundamento fue que la materia está exenta de toma de razón según su propia resolución N° 1.600, de 2008.

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