Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control preventivo de juridicidad de la resolución N° 133, de 2015, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que aprobaba las bases administrativas, técnicas y anexos de una licitación pública para un servicio de mantención integrado. El organismo fundó su decisión en que el monto de la contratación previsto en el pliego no alcanza el umbral que hace obligatoria la toma de razón, conforme al numeral 9.5 del artículo 9° de la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría. Por ello, el acto no está afecto a toma de razón y se remite a la entidad, aplicándose en su lugar las normas sobre controles de reemplazo del Título VI de la misma resolución.