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La Contraloría General de la República concluyó que no existe inconveniente jurídico pa…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República concluyó que no existe inconveniente jurídico para que funcionarios del Subdepartamento de Biofarmacia y Bioequivalencia de la Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública de Chile levanten y suscriban el acta que da origen a un sumario sanitario por el eventual incumplimiento del plazo para presentar un estudio de bioequivalencia. El dictamen explica que el artículo 156 del Código Sanitario encarga a los funcionarios del organismo sanitario competente comprobar las infracciones y levantar y firmar el acta correspondiente, confiriéndoles la ley el carácter de ministros de fe. Agrega que, según la resolución exenta N° 292, de 2014, dicho subdepartamento tiene a su cargo la evaluación de estos estudios y, por tanto, puede certificar si fueron presentados en plazo. Finalmente, sostiene que exigir que el acta solo pueda levantarse en inspecciones y registros de lugares sería contrario a los principios de eficiencia y eficacia de los artículos 3, 5 y 53 de la ley N° 18.575, por resultar inoficioso en infracciones de este tipo.

Normas citadas

  • Csa art/96 inc/1
  • dfl 1/2005 Salud art/59 lt/b
  • dto 3/2010 Salud art/190 inc/1
  • dto 3/2010 Salud art/190 inc/2
  • dto 3/2010 Salud art/223 inc/1
  • Csa art/161
  • Csa art/163
  • Csa art/156
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué funcionarios de la Agencia Nacional de Medicamentos pueden certificar si un estudio de bioequivalencia fue presentado en plazo?

En este caso, el dictamen sostiene que el subdepartamento a cargo de evaluar los estudios de bioequivalencia puede certificar si fueron presentados en plazo, según la resolución exenta N° 292, de 2014. Por ello, su personal puede levantar el acta respectiva.

¿Es contrario a la ley restringir el levantamiento de actas sanitarias solo a inspecciones y registros de lugares?

En este caso, la Contraloría sostuvo que exigir que el acta solo se levante en inspecciones y registros de lugares sería contrario a los principios de eficiencia y eficacia de la ley N° 18.575. Lo consideró inoficioso en infracciones como la de este caso.

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