El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2017
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que se cuestionaba la aplicación del artículo 194, inciso primero, de la Ley de Tránsito, por considerarse desproporcionada la pena prevista para quien conduce vehículos de carga o de pasajeros sin licencia profesional. El tribunal rechazó el requerimiento. Estimó que el legislador, al establecer el tipo penal, buscó proteger la vida y la seguridad de las personas frente a los riesgos propios de esa actividad, y que la sanción aplicada en el caso concreto corresponde al mínimo del rango legal, lo que confirma su proporcionalidad. Por lo tanto, la norma impugnada se considera compatible con los estándares constitucionales.
Normas citadas
artículo 9, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINAAcción Penal PúblicaDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho De ReuniónPrincipio De Tipicidad
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional la pena para quien conduce vehículos de carga o de pasajeros sin licencia profesional?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y estimó que la norma es compatible con la Constitución. Consideró que el legislador busca proteger la vida y la seguridad de las personas, y que la sanción aplicada corresponde al mínimo del rango legal, lo que confirma su proporcionalidad.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable el artículo 194 de la Ley de Tránsito por desproporción de la pena?
En este caso, el tribunal no acogió la impugnación. Sostuvo que la pena no es desproporcionada porque el tipo penal persigue resguardar la vida y la seguridad frente a los riesgos de la conducción profesional, y porque el castigo impuesto fue el mínimo legal.
¿Qué protege el delito de conducir vehículos de carga o de pasajeros sin licencia profesional?
Según este fallo, el legislador tipificó la conducta para proteger la vida y la seguridad de las personas frente a los riesgos propios de la actividad de transporte de carga o pasajeros. El Tribunal Constitucional consideró que esa finalidad justifica la sanción prevista.
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