La mayoría del Tribunal Constitucional, al rechazar la inaplicabilidad del artículo 17…

Resumen

La mayoría del Tribunal Constitucional, al rechazar la inaplicabilidad del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, establece que la Constitución reconoce como bien jurídico el control de armas para la protección de la seguridad pública, por lo que la norma impugnada, que restringe el marco penal y no la individualización judicial de la pena, es constitucional; esta norma modifica el régimen general de determinación de la pena, obligando al juez a graduarla dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por el legislador, sin que ello implique una disminución del juicio de culpabilidad judicial ni afectación del principio de dignidad personal, ya que el juez aún puede aplicar circunstancias agravantes y atenuantes; las medidas que modifican la individualización judicial de la pena tienen por objeto permitir la aplicación de las sanciones que realmente configuró el legislador, siendo idóneas a ese propósito, y la sociedad, a través de los canales institucionales, tiene derecho a ejercer el *ius puniendi*, priorizando el efecto retributivo sobre los preventivos.