El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Superintendencia…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Superintendencia de Pensiones por la negativa a entregar información estadística sobre denuncias de afiliados de AFP. El órgano alegó que su sistema de gestión documental no permitía filtrar las denuncias y que la entrega implicaba una revisión excesiva de antecedentes. El Consejo estimó que no se acreditó la causal de reserva por distracción indebida, entendió que las denuncias debían asimilarse a los reclamos que el servicio recibe y constató que su sistema permite filtrar 29 clasificaciones de reclamos. En consecuencia, ordenó entregar el número de denuncias investigadas, su tipo y las resueltas a favor del afiliado, en un plazo de 40 días hábiles contados desde que la decisión quede ejecutoriada, y acreditar su cumplimiento. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo negarse a entregar información estadística por no poder filtrar sus registros, según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que la Superintendencia de Pensiones no acreditó la causal de distracción indebida y constató que su sistema permite filtrar 29 clasificaciones de reclamos, por lo que ordenó entregar la información solicitada.
¿Cómo se asimilan las denuncias de afiliados de AFP a los reclamos para efectos de la información pública?
En este caso, el Consejo entendió que las denuncias debían asimilarse a los reclamos que el servicio recibe, lo que permitió exigir su entrega en forma estadística.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, se indica que contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, y que la entrega debe hacerse en 40 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.
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