El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que la requirente cuestionaba el artículo 19 letra a) de la Ley 20.000, que establece un aumento de pena para el delito de tráfico ilícito de estupefacientes cuando el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, por considerar que vulneraba diversos preceptos constitucionales, entre ellos la igualdad ante la ley y la reserva legal en materia penal. El Tribunal sostuvo que el requerimiento debe estar razonablemente fundado, esto es, explicar de forma suficiente cómo la norma impugnada contraviene la Constitución en su aplicación al caso concreto, exigencia que la requirente no cumplió. Asimismo, estimó que el legislador actuó dentro de su facultad para fijar penas por razones de interés social y que no existe afectación a la igualdad, pues la norma se aplica uniformemente. Por ello, el requerimiento fue acogido en el sentido registrado en la causa.
Normas citadas
artículo 19, letra a), de Constitución Política de la República
artículo 19, inciso primero, numeral 2
artículo 19, inciso sexto, numeral 3
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Qué exige el Tribunal Constitucional para admitir un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal sostuvo que el requerimiento debe estar razonablemente fundado, es decir, explicar de forma suficiente cómo la norma impugnada contraviene la Constitución en su aplicación concreta, exigencia que la requirente no cumplió.
¿Cuál fue el resultado del requerimiento de inaplicabilidad contra el aumento de pena por integrar una agrupación delictiva en el tráfico de estupefacientes?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento en el sentido registrado en la causa, según el resumen público disponible.
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