El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por un requirente condenado por violación, que impugnaba el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, norma que impide otorgar penas sustitutivas a ciertos delitos graves. El requirente alegaba vulneración de los artículos 1° y 19 N° 2 y 3 de la Constitución. El Tribunal declaró inadmisible el requerimiento por falta de fundamento plausible, al no acreditar una relación entre la norma cuestionada y una afectación concreta de derechos constitucionales. Fundó su decisión en que suprimir penas sustitutivas en ciertos delitos responde a una política legislativa racional, que limita la discrecionalidad judicial y respeta el principio de legalidad de las penas, sin constituir discriminación. Además, precisó que los delitos vinculados al control de armas admiten un tratamiento diferenciado porque la Constitución mandata su control y supervigilancia.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.290
artículo 19, inciso primero, numeral 2
artículo 19, inciso sexto, numeral 3
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la pena
Preguntas frecuentes
¿Procede declarar inaplicable la prohibición de penas sustitutivas para ciertos delitos graves cuando el condenado alega discriminación?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento por falta de fundamento plausible, porque no acreditó una afectación concreta de derechos constitucionales. Sostuvo que excluir penas sustitutivas en ciertos delitos responde a una política legislativa racional y no constituye discriminación.
¿La ley puede limitar la discrecionalidad judicial al imponer penas en ciertos delitos sin vulnerar el principio de legalidad?
El Tribunal sostuvo que la norma que impide otorgar penas sustitutivas limita la discrecionalidad judicial y respeta el principio de legalidad de las penas. Por ello, no encontró que esta limitación vulnerara el artículo 19 N° 3 de la Constitución.
¿Es constitucional que los delitos vinculados al control de armas reciban un tratamiento penal diferenciado?
En este caso, el Tribunal precisó que los delitos vinculados al control de armas admiten un tratamiento diferenciado, porque la Constitución mandata su control y supervigilancia. Con ello, desestimó el argumento de afectación del principio de igualdad.
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