Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de la Municipalidad de Recoleta acerca de la obligación de otorgar sala cuna a una funcionaria cuya hija requiere cuidados permanentes, incompatibles con su asistencia a una sala cuna. El organismo concluyó que, de manera excepcional, el servicio empleador puede cumplir esa obligación por un medio equivalente, entregando a la funcionaria la suma de dinero que el presupuesto institucional fija por niño para financiar esta prestación, siendo de cargo de la funcionaria la diferencia si los cuidados superan ese monto. Para ello deberá presentarse un informe médico que acredite la incompatibilidad y certificarse por la JUNJI la inexistencia de salas cuna con atención domiciliaria en la ciudad. Asimismo, precisó que el cambio de criterio rige hacia el futuro, a partir de la emisión del dictamen N° 68.316, de 2016, y dejó sin efecto el dictamen N° 43.379, de 2016.