El Consejo para la Transparencia acogió los amparos interpuestos contra la Municipalida…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió los amparos interpuestos contra la Municipalidad de Coquimbo por la negativa a entregar información sobre el listado de deudores municipales morosos y el detalle del proceso de cobranza, en la medida que se vincule a deudas por permisos y patentes municipales. El órgano reclamado no logró acreditar de forma suficiente y específica que la divulgación afectara derechos de las personas o distrajera indebidamente el cumplimiento de sus funciones. El Consejo estimó que se trata de información pública que permite el control social sobre el pago de cargas públicas por los contribuyentes y sobre los ingresos municipales, aplicando criterios de decisiones anteriores de idénticà naturaleza. Se ordenó entregar la información, previa eliminación de datos personales y sensibles de contexto distintos de la identidad, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un municipio puede negarse a entregar el listado de deudores de permisos y patentes municipales en virtud de la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió los amparos y ordenó la entrega de la información, porque el municipio no logró acreditar de forma suficiente y específica que su divulgación afectara derechos de las personas o distrajera el cumplimiento de sus funciones.
¿Es pública la información sobre el proceso de cobranza de deudas municipales por patentes y permisos?
En este caso, el Consejo estimó que se trata de información pública que permite el control social sobre el pago de cargas públicas por los contribuyentes y sobre los ingresos municipales.
¿Qué datos deben eliminarse antes de entregar información sobre deudores municipales?
En este caso, se ordenó entregar la información previa eliminación de datos personales y sensibles de contexto distintos de la identidad, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.
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