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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 63, numeral 1, letra c), del Código Orgánico de Tribunales, en el que se alegaba vulneración del derecho al recurso como parte del debido proceso. Según el texto íntegro de la sentencia, el requerimiento fue rechazado: el Tribunal sostuvo que no se aportaron elementos que permitieran configurar una duda razonable sobre una pena desproporcionada, que no se configuró pena inhumana ni degradante, derecho penal de autor ni delitos de conciencia, y que el legislador puede establecer formas de presidio efectivo en delitos de narcotráfico y crimen organizado sin infringir la razonabilidad. Lo resuelto en la parte final prevalece sobre el resumen preliminar, que indicaba un acogimiento parcial.

Normas citadas

  • artículo 63, inciso primero, numeral 1, letra c, de Código Orgánico de Tribunales
  • artículo 551, de Código Orgánico de Tribunales
  • artículo 351, de Código Penal
  • artículo 456, numeral 3, de Código Penal
  • artículo 68, de Código Penal
  • numeral 4, de Ley N° 18.010
  • artículo 449, de Ley N° 18.010
  • Código Procesal Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Cuándo una pena puede considerarse desproporcionada y vulnerar la Constitución?

En este caso, el Tribunal sostuvo que no se aportaron elementos que permitieran configurar una duda razonable sobre una pena desproporcionada. Tampoco se configuró pena inhumana o degradante, derecho penal de autor ni delitos de conciencia.

¿El legislador puede establecer presidio efectivo para delitos de narcotráfico y crimen organizado sin infringir el principio de razonabilidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que sí, es decir, que el legislador puede establecer formas de presidio efectivo en delitos de narcotráfico y crimen organizado sin infringir la razonabilidad.

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