El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad contra el inciso…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2012
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad contra el inciso segundo del artículo 19 de la Ley N° 18.216, que excluye totalmente de las penas sustitutivas a ciertos delitos. La mayoría sostuvo que esa exclusión absoluta impide al juez individualizar la pena según las circunstancias del caso, vulnerando el principio de proporcionalidad y la igualdad ante la ley de los artículos 19 N° 2 y 3 de la Constitución, y acogió el requerimiento de forma parcial. El fallo también señaló, como criterio complementario, que las penas sustitutivas buscan la reinserción social y que la falta de un debate legislativo profundo refuerza la falta de justificación razonable de la medida. Hubo votos disidentes que se pronunciaron por el rechazo del requerimiento, por considerar que no se afectaba la vida privada del requirente.
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Preguntas frecuentes
¿Puede un juez aplicar penas sustitutivas a un delito que la ley excluye expresamente de ellas, cuando esa exclusión es absoluta?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la exclusión absoluta impide al juez individualizar la pena según las circunstancias del caso, lo que vulnera el principio de proporcionalidad y la igualdad ante la ley. Por eso acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad.
¿Cuál es el fundamento constitucional para declarar inaplicable una norma que excluye de penas sustitutivas a ciertos delitos?
El Tribunal sostuvo que la norma afecta los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución, que consagran la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley. La mayoría estimó que la exclusión carece de justificación razonable.
¿Qué finalidad cumplen las penas sustitutivas según el Tribunal Constitucional?
Según el fallo, las penas sustitutivas buscan la reinserción social de la persona condenada. El Tribunal señaló que la falta de un debate legislativo profundo refuerza la ausencia de justificación razonable de la medida que las excluye.
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