El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2016
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, por mayoría, lo rechazó respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 y del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798. Sobre la primera norma, sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente ni constituyen un derecho subjetivo del condenado, sino que corresponde al legislador definir la política criminal, pudiendo excluir ciertos delitos sin vulnerar la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad. Respecto de la segunda, estimó que no afecta la facultad del juez para individualizar la pena dentro de los márgenes legales, ni el principio de culpabilidad o el debido proceso, respondiendo a un propósito legítimo de endurecer la respuesta penal frente a delitos vinculados al control de armas. Como obiter dicta, señaló que la exclusión de penas sustitutivas no implica impunidad.
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Preguntas frecuentes
¿El condenado tiene derecho a que se le conceda una pena sustitutiva de la pena privativa de libertad?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente ni constituyen un derecho subjetivo del condenado, sino que corresponde al legislador definir la política criminal al respecto.
¿Es constitucional que la ley excluya de las penas sustitutivas a ciertos delitos?
Según esta sentencia, el legislador puede excluir ciertos delitos de las penas sustitutivas sin vulnerar la igualdad ante la ley ni el principio de proporcionalidad, rechazando así el requerimiento respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216.
¿Afecta a la facultad del juez para determinar la pena la norma que limita su individualización en delitos de control de armas?
El Tribunal Constitucional estimó que la norma no afecta la facultad del juez para individualizar la pena dentro de los márgenes legales, ni el principio de culpabilidad o el debido proceso, por responder a un propósito legítimo de endurecer la respuesta penal.
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