El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra preceptos de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, presentado en el contexto de un reclamo de ilegalidad por una solicitud de datos de relocalización de concesiones de acuicultura. El Tribunal rechazó el requerimiento, al considerar que la publicidad de la información elaborada con presupuesto público y de los documentos que sirven de sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos no excede el mandato constitucional de transparencia del artículo 8° de la Constitución, y que las eventuales afectaciones a derechos fundamentales deben ponderarse en la gestión pendiente conforme a las causales legales de reserva. Se registraron prevenciones de ministros que concurrieron a acoger parcialmente el requerimiento respecto de algunos preceptos, y una disidencia, sin que ello alterara la decisión de rechazo.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que se divulgue información elaborada con presupuesto público aunque afecte derechos fundamentales?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la publicidad de la información elaborada con presupuesto público no excede el mandato constitucional de transparencia. Las eventuales afectaciones a derechos fundamentales deben ponderarse en la gestión pendiente conforme a las causales legales de reserva.
¿Puede declararse inaplicable la Ley de Acceso a la Información Pública por afectar el derecho a la privacidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la inaplicabilidad de los preceptos de la Ley 20.285, al estimar que la publicidad de los documentos que sirven de sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos no excede el mandato constitucional de transparencia.
¿Qué debe ponderar el tribunal en un reclamo de ilegalidad por una solicitud de acceso a información pública?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las eventuales afectaciones a derechos fundamentales deben ponderarse en la gestión pendiente conforme a las causales legales de reserva, sin acoger el requerimiento de inaplicabilidad.
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