El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra la expresi…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que exigía un impedimento absoluto para suspender audiencias penales con personas privadas de libertad. La mayoría estimó que esa exigencia impedía a los jueces ponderar afectaciones parciales al derecho a defensa y al debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución), lo que podía generar indefensión. Un ministro disidente sostuvo, en otro asunto de su voto, que el acceso a información en poder del Estado no requiere identificar previamente un interés público, y reiteró criterios sobre fiscalización ambiental de la industria salmonera.
Normas citadas
artículo 5, inciso 2, de LEY 20.285 - SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Tribunal ConstitucionalINAAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaDerechos ImplicitosFunción Social De La PropiedadTribunal Calificador De Elecciones
Preguntas frecuentes
¿Puede un juez suspender una audiencia penal con un imputado privado de libertad si existe solo un impedimento parcial?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, porque exigir un impedimento absoluto impedía a los jueces ponderar afectaciones parciales al derecho a defensa y al debido proceso.
¿Puede la exigencia de un impedimento absoluto para suspender audiencias generar indefensión en un proceso penal?
Según la mayoría de este fallo, sí: la exigencia de un impedimento absoluto podía generar indefensión, ya que impedía al tribunal evaluar situaciones de afectación parcial al derecho a defensa, reconocido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.
¿Es necesario identificar un interés público previo para acceder a información en poder del Estado?
En este caso, un ministro disidente sostuvo que el acceso a información en poder del Estado no requiere identificar previamente un interés público, criterio que expresó en un asunto distinto de su voto y que no fue la decisión mayoritaria del fallo.
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