La Corte de Apelaciones conoció un recurso de amparo constitucional presentado a favor…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones conoció un recurso de amparo constitucional presentado a favor de un imputado que se encontraba en prisión preventiva, quien cuestionó la fecha fijada para su juicio oral por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, por estimar que excedía el plazo legal. La jueza recurrida informó que, pese a conocer la exigencia legal, debió fijar la audiencia en una fecha posterior debido a la realidad del tribunal. La Corte razonó que, aunque la dotación insuficiente de jueces dificulta cumplir el plazo del artículo 281 del Código Procesal Penal, que exige fijar el juicio oral no antes de quince ni después de sesenta días desde la notificación del auto de apertura, lo resuelto excedía largamente ese plazo. Considerando que el amparado estaba sujeto a la medida cautelar más gravosa del sistema, la dilación afectaba su libertad personal y seguridad individual, garantía del artículo 19 N°7 de la Constitución. Por ello, acogió el amparo y ordenó al tribunal recurrido reprogramar la audiencia de juicio oral a una fecha más próxima, ajustada al plazo legal.
¿Procede un recurso de amparo si el tribunal fija el juicio oral fuera del plazo legal y el imputado está en prisión preventiva?
En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el amparo porque la fecha fijada para el juicio oral excedía largamente el plazo del artículo 281 del Código Procesal Penal y la dilación afectaba la libertad personal y seguridad individual del imputado, que estaba en prisión preventiva.
¿La falta de jueces en el tribunal justifica fijar el juicio oral más allá del plazo legal?
En este caso, la Corte reconoció que la dotación insuficiente de jueces dificulta cumplir el plazo legal, pero sostuvo que ello no justifica que lo resuelto exceda largamente ese plazo, por lo que acogió el amparo.
¿Qué plazo rige para fijar la audiencia de juicio oral desde la notificación del auto de apertura?
En este caso, la Corte aludió al artículo 281 del Código Procesal Penal, que exige fijar el juicio oral no antes de quince ni después de sesenta días desde la notificación del auto de apertura, y ordenó reprogramar la audiencia ajustada a ese plazo.
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