La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de amparo presentado por un imput…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de amparo presentado por un imputado en prisión preventiva, ordenando al Tribunal Oral en lo Penal adelantar su juicio oral, fijado originalmente para enero de 2026, debiendo realizarse en un plazo máximo de 60 días. La Corte consideró que la dilación afectaba el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ya que el imputado estaba privado de libertad desde octubre de 2024 y la fecha excedía el plazo legal del artículo 281 del Código Procesal Penal. Pese a la carga de trabajo del tribunal, se debía priorizar al amparado por su situación de encierro, incluso reprogramando audiencias de acusados en libertad.
Normas citadas
Ley 17.798
Código Procesal Penal
Artículo 281 del Código Procesal Penal
recurso de amparolibertad personalprisión preventivaplazo razonablederecho a ser juzgado en plazo razonablejuicio oralartículo 281 Código Procesal Penalartículo 21 Constitución Política
Preguntas frecuentes
¿Puede la Corte de Apelaciones ordenar adelantar un juicio oral cuando el imputado está en prisión preventiva y el juicio se fijó demasiado tarde?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de amparo de un imputado en prisión preventiva y ordenó al Tribunal Oral en lo Penal adelantar el juicio oral a un plazo máximo de 60 días, porque la fecha fijada excedía el plazo del artículo 281 del Código Procesal Penal y afectaba el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
¿La carga de trabajo del tribunal justifica postergar el juicio de una persona privada de libertad?
En este caso, la Corte sostuvo que, pese a la carga de trabajo del tribunal, debía priorizarse al amparado por su situación de encierro, incluso reprogramando audiencias de acusados que están en libertad.
¿Qué protege el recurso de amparo cuando un imputado sufre dilaciones en su juicio mientras permanece preso?
En este caso, la Corte consideró que el recurso de amparo protegía el derecho del imputado, en prisión preventiva desde octubre de 2024, a ser juzgado en un plazo razonable, frente a una fecha de juicio que excedía el plazo legal.
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