Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa de un imputado en prisión preventiva desde septiembre de 2024. El tribunal había fijado el juicio oral para el 6 de enero de 2026, excediendo significativamente el plazo legal de 60 días establecido en el artículo 281 del Código Procesal Penal. La Corte consideró que esta dilación vulneraba la garantía constitucional de libertad personal y seguridad individual del acusado. Se ordenó al tribunal recurrido reprogramar la audiencia de juicio oral a una fecha más próxima que se ajuste al plazo legal. La decisión reconoce la gravedad de mantener prisión preventiva más allá de los plazos procesales establecidos.