Resumen
La Contraloría General de la República resolvió no reconsiderar su dictamen Nº 7.986, de 2018, y concluyó que el ocurrente no está inhabilitado para ingresar a cargos en la Administración del Estado. Lo fundó en el artículo 38 de la ley N° 18.216, que permite omitir en los certificados de antecedentes las anotaciones derivadas de una condena cuando se impuso una pena sustitutiva a quien no había sido condenado antes por crimen o simple delito. Según su jurisprudencia (dictamen N° 77.312, de 2016), quien se encuentra en esa situación debe considerarse, para efectos de ingreso y permanencia en la Administración, como si no hubiese sufrido condena, por lo que no le aplica la inhabilidad del artículo 54, letra c), de la ley N° 18.575. En cuanto a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público, el organismo indicó que, por el tiempo transcurrido desde que el ocurrente dejó su cargo, excede el plazo de dicha pena, por lo que el servicio al que ingrese no deberá hacerla efectiva, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal competente.