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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un funcionari…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un funcionario público condenado por un tribunal, a quien se le impuso una pena de presidio menor y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público, otorgándosele el beneficio de remisión condicional. El organismo concluyó que la inhabilidad sobreviniente del artículo 54 de la ley N° 18.575 no le es aplicable, pues la remisión condicional implica considerarlo como si no hubiese sufrido condena alguna, pudiendo continuar desempeñándose en el servicio. Respecto de la pena accesoria, señaló que determinar sus alcances es competencia exclusiva de los tribunales de justicia, debiendo la autoridad administrativa estarse a lo declarado por el tribunal que conoció del asunto, sin que la Contraloría tenga atribuciones para interpretar dicha resolución judicial.

Normas citadas

  • ley 18575 art/54 lt/c
  • ley 18575 art/64 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario público condenado puede seguir en el cargo si obtuvo la remisión condicional de la pena?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la inhabilidad sobreviniente del artículo 54 de la ley N° 18.575 no le era aplicable, porque la remisión condicional implica considerar al condenado como si no hubiese sufrido condena, por lo que podía continuar desempeñándose en el servicio.

¿Quién debe determinar los alcances de la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público en un funcionario condenado?

En este caso, la Contraloría señaló que determinar los alcances de la pena accesoria es competencia exclusiva de los tribunales de justicia, por lo que la autoridad administrativa debe estarse a lo declarado por el tribunal que conoció del asunto.

¿Puede la Contraloría interpretar una resolución judicial que impone una pena accesoria a un funcionario?

En este caso, la Contraloría sostuvo que no tiene atribuciones para interpretar la resolución judicial que impuso la pena accesoria, debiendo limitarse a lo que el tribunal declaró.

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