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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un funcionari…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un funcionario de la Universidad de Chile condenado por crimen o simple delito, a quien se le concedió el beneficio de remisión condicional de la pena conforme a la ley N° 18.216. El organismo señaló que el otorgamiento de dicho beneficio implica considerar al favorecido como si no hubiese sido condenado para efectos de los requisitos de ingreso o permanencia en la Administración, por lo que no se le genera una inhabilidad sobreviniente ni la obligación de renunciar, y su no dimisión no constituye falta administrativa. Asimismo, precisó que el cumplimiento de la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia, ante los cuales debe recurrirse para resolver su alcance.

Normas citadas

  • ley 18575 art/54 lt/c
  • ley 18575 art/64 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario público condenado que obtiene la remisión condicional de la pena debe renunciar a su cargo?

No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la remisión condicional implica considerar al favorecido como si no hubiese sido condenado, por lo que no genera una inhabilidad sobreviniente ni obligación de renunciar, y no hacerlo no constituye falta administrativa.

¿Quién decide si la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público afecta a un funcionario condenado?

En este caso, la Contraloría precisó que el cumplimiento de la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público es de competencia exclusiva de los tribunales de justicia, ante los cuales debe recurrirse para resolver su alcance.

¿La remisión condicional de la pena afecta los requisitos de ingreso o permanencia en la Administración del Estado?

En este caso, la Contraloría señaló que el otorgamiento del beneficio de remisión condicional implica considerar al favorecido como si no hubiese sido condenado para efectos de los requisitos de ingreso o permanencia en la Administración.

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